Exigimos escenarios libres de conductas que afecten el derecho a elegir y ser elegido

Santiago de Cali, 03 de octubre de 2023. La Defensoría del Pueblo puso al servicio de las comunidades y de las instituciones del país, a través del SAT, la alerta temprana N°030-23, la cual monitorea y advierte sobre las situaciones de riesgo frente al marco legal para la garantía de los derechos de la población y los candidatos en los comicios electorales del próximo 29 de octubre de 2023 y de los peligros relacionados con las conductas contra este mecanismo de participación ciudadana.

A pesar de la capacidad institucional y social, representada en políticas públicas, que posibilitan el ejercicio del sufragio, esta alerta temprana de riesgo electoral identificó al Valle del Cauca como uno de los 9 territorios que presentan mayor riesgo para las comunidades en el tema electoral, reconociendo 26 municipios en riesgo, de los cuales 3 se ubican en riesgo extremo: Jamundí, Buenaventura y Tuluá, con presencia de cuatro grupos armados ilegales como AGC, ELN, disidencias FARC-EP y grupos de crimen organizado. Los cuales afectan la posibilidad que los candidatos, puedan ejercer de manera libre el ejercicio electoral e inciden en posturas políticas de la población, agudizando los escenarios de riesgo en determinadas zonas del departamento.

Nos unimos a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo e instamos al gobierno nacional para ratificar su compromiso alrededor de la paz y lo exhortamos para que fortalezca y active mecanismos de recepción de denuncias en las zonas de riesgo extremo y las monitoreé, establezca a través de la fuerza pública medidas que permitan generar escenarios de seguridad, garantice la protección de los líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz que participen en el proceso electoral y de viabilidad a la construcción de un proyecto de ley destinado a la regulación en materia electoral con enfoque étnico y afro.

La Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación del Valle del Cauca hace un llamado para que el estado garantice que el derecho al voto se ejerza sin ningún tipo de coacción para que los ciudadanos no se vean constreñidos y su ejercicio se lleve a cabo en escenarios libres de riesgo y de conductas que puedan afectar el derecho a elegir y ser elegido e igualmente al derecho a la participación democrática de la población civil, a la vida, libertad, integridad y seguridad, libertades civiles y políticas y normas del DIHH.

Vanessa Marín
Comunicaciones
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación
Valle del Cauca