Tasa de seguridad goza de legalidad según concepto de la Superservicios
Santiago de Cali, 18 de abril de 2017. Un concepto de la Superintendencia de Servicios Públicos emitido en respuesta a la Empresa de Energía Eléctrica de Popayán, que aspira a recaudar con sus suscriptores en el Valle del Cauca, la contribución de la tasa de seguridad departamental, ratifica que esta goza de legalidad.
El concepto de la Oficina Asesora Jurídica responde sobre la aplicabilidad para la empresa de energía solicitante, de “la ordenanza 425 de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, en la cual se establece una tasa al servicio de energía y para cobrar a través de su factura, con destino a la financiación de la seguridad y convivencia ciudadana del citado departamento”.
Luego de hacer algunas consideraciones sobre sus competencias, en el sentido de que la Superservicios no es competente “para pronunciarse en relación con la posibilidad que tienen las administraciones territoriales para imponer tasas, sobretasas u otro tipo de tributos”, este organismo precisa:
En el caso de la ordenanza en referencia esta “fue expedida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 142 de 2010, que creó la tasa especial de seguridad”, y agrega más adelante la Superservicios en su concepto que “dicha norma legal fue declarada exequible por la Honorable Corte Constitucional” y con base en ella los entes territoriales pueden regular de manera integral los elementos de los citados tributos.
Finalmente, tras estas y otras consideraciones normativas, la Superservicios concluye que “dado lo anterior y mientras la Ordenanza a que se hace referencia no sea declarada nula o sea suspendida provisionalmente por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la misma cuenta con presunción de legalidad y por tanto deber ser acatada por los particulares”.
Sobre este concepto, la Secretaria de Seguridad del Valle del Cauca, Noralba García dijo que “en su contexto, la Superintendencia le dice que la presunción de legalidad y de constitucionalidad está dada en ambas instancias, en donde se ratifica que las Asambleas y los Departamentos tienen la facultad para imponer sus tributos. Este concepto se agrega a una respuestas más al trabajo que hemos hecho con la gobernadora, Dilian Francisca Toro, serio y de responsabilidad a nivel jurídico con los vallecaucanos”.
En ese sentido el gobierno del Valle acaba de acordar los términos de un convenio interadministrativo con la Empresa de Servicios Públicos de Medellín, para que también recaude la tasa de seguridad a sus suscriptores en el Valle del Cauca. “EPM tiene 50 grandes clientes y empresas industriales en el Valle del Cauca que generarían al departamento anualmente alrededor de 450 millones de pesos, para el Fondo de Seguridad
Recientemente, el Tribunal Contencioso Administrativo negó la suspensión provisional de la tasa de seguridad y le dio la razón a la Gobernación del Valle en su aplicación.
Diego Medina
Periodista Gobernación del Valle