De la incertidumbre nacional a la urgencia territorial en el Valle del Cauca

La Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación publica a continuación el trabajo  “El proceso de reincorporación de los excombatientes de la Farc-Ep: De la incertidumbre nacional a la urgencia territorial en el Valle del Cauca”, escrito por  Johan Niño, estudiante de la Escuela Superior de Administración Pública --ESAP-. Joven Semillerista del proyecto de Investigación la reincorporación de las Farc-Ep: política pública de avances, dilemas y extravíos financiado por la entidad en su capítulo Territorial Valle del Cauca.  

Tabla de contenido

1.      Introducción

2.      Marco jurídico y conceptual de la reincorporación.

          Normatividad para la reincorporación y algunos elementos de política  pública de ex combatientes de las FARC EP: elementos sustanciales para el debate.

2.1 Normatividad para la reincorporación

2.2 La reincorporación en su marco conceptual

2.3 La reincorporación y su contexto territorial

2.4 La población reincorporada del Valle del Cauca en cifras generales

3.      La reincorporación. Avances y aspectos generales del nivel nacional

3.1 La reincorporación temprana

3.1.1 Nivel nacional

3.1.2 Nivel Valle del Cauca

3.2.  Reincorporación estratégica (largo plazo)

3.2.1 Nivel nacional

3.2.2 Nivel Valle del Cauca

* Principales hallazgos referente a los avances de la reincorporación

   Dilemas

   Extravíos

   Conclusiones

   Bibliografía

1. Introducción

El 24 de noviembre de 2016 luego del revés plebiscitario del 2 de octubre del mismo año, se firma en el teatro Colón de Bogotá, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo de Paz), entre el Estado colombiano en cabeza del Gobierno Nacional, y las Farc-Ep.

Este Acuerdo Final, pacta en su punto 3.2, lo referente a la reincorporación de los miembros de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo social y lo político[1].

El presente artículo busca evidenciar de manera general, los principales avances, dilemas y extravíos en las dimensiones sociales y económicas del programa de atención a población reincorporada por parte de la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN, entre los años 2017 y 2019 a nivel nacional y específicamente, en el Valle del Cauca.

Se busca, por tanto, la eficacia, alcances y desafíos de la intervención institucional y la población reincorporada a la luz de la legislación nacional en materia de reincorporación, así como la particularidad en las dimensiones económica:  productividad y empleo; dimensión social:  educación vivienda y salud.

Los resultados encontrados muestran que el proceso de reincorporación de los exmilitantes de las Farc-Ep, sigue siendo preso de bajos niveles de articulación entre entidades del orden central y territorial, una oferta pública no adecuada a la realidad de la población en proceso de reincorporación, preocupantes índices de violencia, estigmatización e invisibilización, y, en suma, un proceso que luego de tres años de la firma del acuerdo final, parece seguir en los atavíos de encontrar estrategias de implementación ante una población bajo altos porcentajes de vulnerabilidad y posible reincidencia.

Este documento es un informe adscrito al proyecto de investigación financiado por la Escuela Superior de Administración Pública ESAP titulado La reincorporación de las Farc-Ep: política pública de avances, dilemas y extravíos

2. Marco jurídico y conceptual de la reincorporación algunos elementos de política pública de ex combatientes de las FARC EP: elementos sustanciales para el debate.

2.1 Normatividad para la reincorporación

Si bien el primer paso normativo en la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera fue la Sentencia C-630/17 en su revisión de constitucionalidad al acto legislativo 02 de 2017 [2],  mandatando que “implica una obligación de cumplimiento de buena fe por parte de las instituciones y autoridades públicas, y como estrategia de mediano y largo plazo (…) mantiene su vigencia durante los próximos tres gobiernos (…)”[3]; luego de la firma final del acuerdo final,  fue la expedición del Decreto 899 [4] de mayo 29 de 2017 que determina en segunda medida, el inicio normativo de la reincorporación de los miembros de la ex guerrilla FARC EP a la vida civil.

De igual manera, el 29 de mayo de 2017, a través del Decreto Ley 897, se transforma la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR)[5] en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), como una entidad adscrita a la Presidencia de la República que, tiene como objeto "gestionar, implementar, coordinar y evaluar, de forma articulada con las instancias competentes, la política, los planes, programas y proyectos de Reincorporación y Normalización de los integrantes de las FARC-EP, conforme al Acuerdo Final(…) con el fin de propender por la paz, la seguridad y la convivencia"[6].

Así mismo, a través del Decreto 2027 del 2016, del 7 de diciembre del 2016, se crea el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), ente encargado de definir las actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida legal en lo económico, lo social y lo político, según sus intereses. El CNR está compuesto por dos miembros de las extintas FARC-EP, el director del a ARN y el Ato Consejero para la Estabilización.

A su vez, el 20 de diciembre de 2017 se emite la directiva presidencial No 03, dirigida a los despachos de ministros, directores de departamento administrativo, directores, gerentes y presidentes de entidades centralizadas y descentralizadas del orden nacional, que con motivación de contribuir a la implementación del Acuerdo Final, orienta ejecución estricta del gasto con criterio de priorización y focalización “que permitan atender los compromisos del Gobierno Nacional orientados a la financiación y ejecución de las diferentes acciones que demanda el proceso de reincorporación de los integrantes de las FARC-EP”.

En el año 2018, para la fecha del 22 de junio, se expide el documento del Consejo de Política económico y social (CONPES 3931) como Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de ex integrantes de las FARC-EP. Este documento marca las pautas de gestión de las entidades concernientes con la reincorporación, documento de interés especial para la ARN.

En él, se definen como ejes estratégicos el fortalecimiento de la plani­ficación articulada, la reconstrucción del tejido social, la convivencia y la reconciliación, la reincorporación económica y productiva, y, la reincorporación social con garantía de derechos fundamentales [7]. Para la implementación de esta política, se cuenta como tiempo límite el año 2026, con un costo estimado de 6.3 billones de pesos, bajo enfoques de género, étnico, de derechos y territorial, con la pretensión de la creación de un Sistema Nacional de Reincorporación, una estrategia para la reconstrucción de tejido social, acceso a programas, planes y proyectos económicos, acceso a seguridad social y sistema educativo formal.

Cabe mencionar, que el diagnóstico presentado en este documento CONPES 3931, reconoce entre otras dificultades una débil articulación y planificación entre los actores involucrados en el proceso de reincorporación, dificultades en la reconstrucción del tejido social, la convivencia, la reconciliación, la seguridad y el acceso a la oferta institucional, barreras de acceso a mecanismos y recursos necesarios para la estabilización y proyección económica y, limitadas condiciones para el acceso y atención de los derechos fundamentales e integrales[8], por lo que justamente estas dificultades se convierten en los retos a superar en materia de reincorporación integral.

Para garantizar la implementación de la normatividad anteriormente señalada se expide con base en el Acuerdo Final en su punto 6.1.1 un Plan Marco de Implementación (PMI). Este “contendrá el conjunto de propósitos y objetivos, metas y prioridades e indicadores, las recomendaciones de política y medidas necesarias para la implementación de todos los acuerdos, así como su priorización y secuencia -cronograma- e instituciones responsables. El Plan Marco contendrá las distintas fuentes de financiación e instituciones responsables de la implementación según corresponda”[9]. Este PMI es entendido como la hoja de ruta para la formulación, ejecución, seguimiento y financiamiento de las medidas requeridas para dar cumplimiento al Acuerdo Final con vigencia final a 15 años[10].

En junio de 2018, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Final se emite el documento CONPES 3932 como lineamiento para la articulación del PMI del Acuerdo Final

con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento a políticas públicas

del orden nacional y territorial. El documento CONPES 3932 en su parte de resumen ejecutivo explicita que, éste genera lineamientos de vinculación de la implementación con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento de las políticas públicas y su financiación en periodo de tiempo 2017-2031 [11].

Dentro de lo consignado, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, diseñará propuestas para cada Plan Cuatrienal de Implementación con base en PMI y deberán, con base en lo contenido en la normatividad de paz, ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo con una programación anual de indicadores[12]. A su vez, dentro de los contenidos sobre la terminación del conflicto se encuentra inmerso la reincorporación política, económica y social de las FARC EP, bajo la normatividad ya producida y entidades relacionadas.

Dentro de su plan de acción el documento CONPES 3932 establece como estrategias de políticas públicas “plantear acciones para promover la inclusión de los componentes del PMI dentro de los PND aplicables durante la implementación del Acuerdo Final y para formular lineamientos que permitan a los mandatarios departamentales y municipales articular la construcción de paz a sus planes de desarrollo territorial. De igual forma, se plantean acciones para la armonización del PMI con la programación presupuestal de mediano plazo (…), (los) ajustes que se deben llevar a cabo en los sistemas de información existentes en el país para el seguimiento a los avances de políticas públicas y a sus recursos, y a los proyectos de cooperación internacional no reembolsable relacionados con la construcción de paz”[13].

2.2 La reincorporación en su marco conceptual

La reincorporación está definida como un proceso de estabilización socioeconómica bajo un enfoque colectivo y rural de las y los excombatientes a la vida civil en el marco de la firma del Acuerdo Final de Paz, y, a su vez, pretende el fortalecimiento de la convivencia y la reconciliación, desarrollo de actividad productiva y el tejido social en los territorios (ARN,2019), y, el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) determinó un conjunto de estrategias, acciones e iniciativas a corto y largo plazo para la consecución de estos objetivos.

Aquel grupo de acciones a corto plazo se denominó Reincorporación Temprana, consistiendo en “actividades tempranas para facilitar la adaptabilidad de los integrantes de las FARC – EP a la vida civil, en los siguientes ámbitos: i) Bienestar integral: Salud – Apoyo psicosocial y Pensiones, ii) Formación Académica, iii) Formación para el Trabajo / Productiva, iv) Iniciativas artísticas, culturales, deportivas, v) Acciones Comunitarias”[14].

Por su parte, la reincorporación a largo plazo si bien presenta un atemporalidad hasta el año 2026, esta presenta como primer momento la aprobación bajo el actual gobierno de un Plan Estratégico del CNR 2019-2022, como herramienta de planificación para la gestión y seguimiento de las acciones relacionadas con la implementación del proceso de reincorporación.

Este Plan Estratégico 2019-2022, contempla el diseño e implementación de un Sistema Nacional de Reincorporación y Reintegración, así como acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS[15], los cuales en Colombia están consagrados a través del CONPES 3918: Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia. Está armonización del Plan Estratégico 2019-2022 con el CONPES 3918, refiere a las dimensiones de reducción de pobreza multidimensional, coeficiente de gini, tasa de homicidios, déficit cuantitativo de vivienda y aumento de la formalidad laboral[16] .

Por su parte, la dimensión económica estratégica del Acuerdo Final prevé la realización de proyectos productivos colectivos e individuales como unidades de negocio con asesoría y acompañamiento. Dentro de esta medida, cada integrante tiene derecho a un desembolso de ocho millones de pesos por una sola vez como apoyo económico (capital semilla), ya sea para su proyecto productivo de vida o vivienda.

De esta forma, se pretende cumplir con las garantías de no repetición y la estabilización, así como la seguridad humana, como formas de fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

Así mismo, la ARN fue la entidad escogida mediante Decreto Ley 897 de 2017, como la encargada de ejecutar las actividades necesarias para la reincorporación de los integrantes de las FARC-EP. La entidad cuenta con presencia a nivel nacional con oficinas regionales en 28 departamentos y 226 municipios[17].

Esta entidad tiene como objetivos el fortalecer las capacidades, tanto individuales como colectivas de su población objeto, promover las capacidades productivas orientadas a la sostenibilidad económica, contribuir a la convivencia y la reconciliación en los territorios, impulsar la corresponsabilidad y su gestión a nivel territorial para el fortalecimiento de los procesos y optimizar los procesos institucionales para el cumplimiento de la misión (ARN 2019).

En el Valle del Cauca, la oficina de la ARN cuenta con una capacidad institucional de 11 funcionarios dedicados específicamente a la atención de 1370 personas en reintegración y reincorporación en el departamento[18]. Cifra que a primera vista resulta insuficiente para el número de casos por atender y las dimensiones contempladas en los Acuerdos.

2.3 La reincorporación y su contexto territorial

En concordancia con la reincorporación, el Acuerdo Final estableció la creación de Zonas Veredales Transitorias de Normalización ZVTN, que fueron posteriormente transformados en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), estos, se pensaron para capacitar a los integrantes de las FARC-EP para su reincorporación a la vida civil, preparar proyectos productivos y atender las necesidades de formación técnica de las comunidades aledañas (ARN 2019).

 Para 2018 se tuvo existencia de 24 ETCRs tras la supresión de dos de ellos en Antioquia y Córdoba, el Valle del Cauca no contó con ninguno de estos espacios de reincorporación. Estos espacios tenían una duración prevista de 24 meses, el pasado 15 de agosto del 2019 culminó su figura jurídica. Si bien el gobierno nacional ha designado a la ARN como administradora de estos espacios y a través de comunicado manifiesta que continúan físicamente en los territorios [19],  también es cierto que para noviembre de 2019 aún no se resuelve jurídicamente la situación territorial de estos espacios de reincorporación[20].

Por su parte, el lento proceso de implementación de lo acordado, la motivación de reencontrar lazos familiares, problemas de seguridad, o empezar nuevos proyectos en sitios diferentes a los ETCRs, han hecho que grupos de exguerrilleros hombre y mujeres conformaran nuevos asentamientos, algunos autoreconocidos como Nuevos Puntos Reincorporación (NPR),[21] así como también aquellos que partieron a vivir en cabeceras municipales o centros urbanos buscando nuevas oportunidades de vida[22].

De estos NPR, a 2018, el informe del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), componente FARC, manifestó que dos de ellos se encontraban en el Valle del Cauca: en zona rural de Tuluá y en la ciudad de Cali. Para el año 2019, la secretaria de Paz y Reconciliación del departamento informa a través de su oficina de prensa, que en las zonas rurales de los municipios de Dagua, Sevilla y Jamundí existe presencia colectiva de nuevos reincorporados que llegaron a este departamento[23]. Sin embargo, ningún NPR ha sido amparado jurídicamente por el Estado colombiano.

Aunque en el Valle del Cauca, poblaciones como Florida y Pradera siempre estuvieron presentes en las FARC-EP como posible área de agrupamiento en el marco del Acuerdo de Paz, el 24 de junio de 2016 el Ministerio de Defensa del gobierno de turno daba a conocer las 23 Zonas de Verdales de Transición Normalización (ZVTN), que a la postre serían los ETCRs ya mencionados. Ninguno de los 23 estaría ubicado en el departamento del Valle del Cauca.

Tras el proceso de dejación de armas, la alta expectativa que generó en la comunidad reincorporada la narrativa de la paz, y los beneficios pactados en el Acuerdo Final se fueron poco a poco disipando tras la lentitud de las entidades estatales en todos sus niveles en la implementación de los mismos. Las nuevas dinámicas sedentarias distintas a la movilidad de la guerra de guerrillas, y el reencuentro con familiares y amigos tras años y décadas de ausencia, hicieron que muy pronto de manera gradual y progresiva los reincorporados abandonaran los ETCRs, presentando desplazamientos mayoritariamente hacia zonas urbanas.

2.4 La población reincorporada del Valle del Cauca en cifras generales

La ARN reporta a 30 de octubre de 2019, un total de 13.202 personas acreditadas como personas en proceso de reincorporación a nivel nacional, de las cuales, 12.978 son objeto de atención en el proceso.

Justamente, 9.138 personas ya no residen en los antiguos ETCRs, quedando una cifra de 3.840 reincorporados habitando en los espacios de capacitación y reincorporación, es decir, el 70% de la población reincorporada ya no se encuentra ubicada en los ETCRs[24].

Lo anterior traduce un alto porcentaje de dispersión y en ascenso, a noviembre de 2019 desde la firma del Acuerdo, teniendo en cuenta que los negociadores de las FARC-EP pretendían que estos espacios se convirtieran en nuevos centros poblados de trabajo mancomunado entre exguerrilleros y comunidad.

En el Valle del Cauca, podemos decir que, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación del Valle del Cauca, de los 13.202 reincorporados a nivel nacional, 416 retornaron de los ETCRs al Valle del Cauca, es decir un 3,2% de la población[25].

En junio de 2018, la Secretaria de Paz de la gobernación del Valle del Cauca gestiona la articulación de la comunidad internacional, sociedad civil, entidades estatales y reincorporados, a través de la instalación de la Mesa Departamental de Reincorporación. Entre ellas la ARN participa como secretaría técnica. Esto refleja un esfuerzo para generar políticas públicas que velen por la inclusión social, económica y política de los reincorporados que viven en un departamento sin espacios de reincorporación como los antiguos ETCR[26].

Tras un ejercicio de caracterización de esta Mesa Departamental de Reincorporación del Valle del Cauca a los reincorporados con apoyo de la Universidad del Valle, los hallazgos presentados a 2019, en primer medida, dan cuenta de que, el 72 % manifiesta estar viviendo en zonas urbanas, es decir cerca de 277 personas, siendo en cifras de ARN consultadas con la secretaría de paz del departamento, su capital, Santiago de Cali, la que alberga la mayor cantidad con un total de 229 reincorporados, alrededor del 53% del total del Valle del Cauca.

De igual manera, tenemos que el departamento presenta una particularidad de población dispersa en 22 municipios, y concentrada en el área urbana. Del total de la población caracterizada, el 79% son hombres y el 21% mujeres. En cuanto a su pertenencia étnica, el 66% se reconoce como afrocolombiano y el 34% como indígena, el 13% reporta tener algún tipo de discapacidad y, el 51% provienen de la cárcel[27].

No menos preocupante resulta ser que uno de los hallazgos de la caracterización departamental da cuenta que, el 14% de los hogares de personas reincorporadas en Cali están en situación de pobreza por NBI, el 30% de los hogares en Tuluá, el 35% en Buenaventura, el 6% en Dagua, el 23% en Palmira, el 40% en Florida, el 10% en Jamundí, el 33% en Buga y el 35% en Candelaria para una Media del 25% [28].

3. La reincorporación. Avances y aspectos generales

3.1 La reincorporación temprana

3.1.1 Nivel nacional

En el marco de la reincorporación temprana encontramos con respecto a la dimensión económica y productiva, la asignación única de normalización, entendida como un recurso de dos millones de pesos que se otorga a cada integrante reincorporado por una única vez para la satisfacción de necesidades básicas que sim embrago fue de libre destinación. 

En segundo lugar, la asignación de una Renta Básica Mensual, por un valor que cubre el 90% del salario mínimo legal vigente nacional, SMLV, por un periodo de 24 meses que se cumplió en el mes de julio de 2019, y prorrogables según lo acordado si el beneficiario acredita estar estudiando o ejerciendo procesos de reincorporación[29].

Atendiendo estas dos medidas, la ARN a través de su informe en cifras[30], reporta que 12.932 personas han sido bancarizadas (98%), de las cuales 12.869 (98%), han recibido la asignación única de normalización y 11.578 (88%), recibieron la Renta Básica Mensual.

Dentro de la dimensión social, a partir del informe citado, ARN reporta que en materia de atención en Salud se cuenta con 12.985 afiliados (98%), y en pensión presentan a 10.918 (93%) de afiliados.

Si bien a octubre de 2019 se reportan sólo 1.773 (13%)[31] reincorporados matriculados en formación académica, es importante resaltar que, parte de este porcentaje deviene de una articulación estatal con apoyo de la comunidad internacional y comunidad reincorporada con el proyecto de alfabetización flexible “Arando la Paz”, bajo un modelo Etnoeducativo. Este proyecto contó a 2018 con 6.193 reincorporados vinculados durante los años 2017 y 2018, de los cuales 473 se graduaron como bachilleres.

Ahora bien, aun cuando el 92.8% de las personas manifiestan saber leer y escribir, es decir 9.662 reincorporados, así como querer seguir estudiando, y 8264 (79.4%), manifiestan contar con algún grado o ciclo educativo certificado, es importante avanzar en la continuidad de la formalización educativa[32]. Con respecto a ello, el año 2019, el CNR da continuidad al convenio bajo el nombre de “Arando la Educación” con el que se espera atender 3.300 personas entre población reincorporada, familia y comunidad de los ETCR quienes ingresarán a cursar básica primaria y secundaria[33].

Así, a partir del segundo semestre de 2019 el Estado colombiano cuenta con cuatro variables en esta materia. Por parte de ARN se implementa el modelo de maestro itinerante impactando 1.346 (10%) de los reincorporados y el modelo de formación para adultos MERF con 719 (5%) de reincorporados. De igual manera, en oferta pública se encuentran 1.492 (11%) de reincorporados estudiando, hablamos de un 26% de la población académicamente activa, porcentaje más que preocupante, teniendo en cuenta la ausencia de garantías y flexibilidad[34] .

En cuanto a atención sicosocial, el informe de ARN, Panorama General Educación Salud Hábitat y Generación de Ingresos corte 28 de febrero de 2019, reporta que un 55.2% de los reincorporados manifiestan querer algún tipo de acompañamiento en esta dimensión, sin embargo, no se presenta medición alguna en atención positiva en tal sentido[35].

3.1.2 Nivel Valle del Cauca

Acercándonos específicamente a la reincorporación en el departamento, la primera etapa en la cual se concentró la ARN fue el proceso de reincorporación temprana, afiliación en Salud y acceso a la pensión, en articulación con entidades prestadoras del servicio y acompañamiento en casos espaciales. De igual manera, afiliación de reincorporados y familiares al listado censal, articulación con la Secretaría Municipal en inclusión para la discapacidad y atención a grupos familiares.

Así, el 98% de la población reincorporada en el Valle del Cauca se encuentra afiliada en salud y pensión. También se presentan cifras que dan cuenta que, el 32% de la población reincorporada manifiesta haber recibido algún tipo de acompañamiento psicosocial frente a un 71,2% que desea recibir acompañamiento en este tipo sin haber podido acceder aún al mismo.

 De igual manera, el 30.3% manifiesta haber recibido algún tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico frente a un 25,3% que manifiesta la necesidad de requerir atención de este tipo, números de hasta un 20% mayores a los de la media nacional. Así mismo, persiste la ausencia del plan especial de atención a personas en situación de discapacidad que impacta negativamente al 20% de población en esta condición en el departamento[36].

En la dimensión educativa, el 91% de la población objeto sabe leer y escribir, el 75% cuenta con algún grado o ciclo educativo alcanzado certificado. De estos, el 36.3% en básica primaria, 23% en secundaria y 40% en educación media[37].

Sin embargo, tan sólo el 23.1% se encuentran estudiando, porcentaje similar al de la media nacional. Entre las principales causas que manifiestan la población reincorporada para no estar activamente estudiando tenemos que el 15% es producto las ocupaciones para conseguir su sustento, 16% no cuentan con los recursos económicos, 17% no encuentran una oferta flexible respecto a las ocupaciones, otro 17% no cuentan con cobertura en el sitio donde habitan y el 11% deben dedicarse al cuidado de la familia. Es de resaltar que el 92% manifiesta interés en poder continuar sus estudios[38].

La estrategia Modelo Educativo de Formación para la Reintegración (MERF), y maestro itinerante, recién está aterrizando al Valle del Cauca para articularse con la oferta pública, sin embargo, a nivel nacional como ya vimos, los porcentajes no han aumentado en lo corrido del segundo semestre con la aplicación de la misma, será necesario esperar un tiempo para poder tener una valoración más objetiva al respecto.

Respecto la dimensión social de vivienda contamos que el 72% de la población reside en zona urbana. La tenencia de la vivienda presenta tan sólo un 6% de la población como propietaria frente a un 66% de la misma viviendo en arriendo, y, un 21% habita en vivienda familiar o de algún amigo; el 78% viven en estratos bajos, el 21,5% en estrato medio y el 0.6% en estrato alto.[39]

Tenemos entonces que la media de la población objeto en el Valle del Cauca en materia de tenencia de vivienda es muy superior a la de la población colombiana en general, según datos del DANE el 45,2 % de las y los colombianos son propietarios completos de vivienda y el 34.5 % viven en arriendo o subarriendo[40], lo que da cuenta de la grave situación en solución habitacional que presenta la población reincorporada en este departamento, máxime cuando la mayoría de su población es urbana y no cuentan con la salvaguarda de los antiguos ETCRs como en otros departamentos del país.

En cuanto a la formación para el trabajo, según cifra de ARN, el 5% están en formación complementaria y un 3% técnico laboral para un total de 69 personas[41].  Sin embargo, el interés de la población reincorporada del Valle va mucho más allá de este 8 %, es decir, un 96% de la población objeto expresan tener interés en formarse para la generación de ingresos en áreas productivas[42].

Ahora bien, más del 70% de la población tanto a nivel nacional como departamental manifiesta tener una actitud de compromiso a lo pactado y ser optimista al mismo, estar motivados por sus reencuentros familiares, el ejercicio de libertad, y poder llegar a estudiar, tan sólo un 7% en el Valle del Cauca señala tener experiencia positiva en socializar con otras personas de la sociedad civil y aceptación de la mismas, aun cuando el 80% manifiesta haber establecido nuevos vínculos sociales[43].

1. Reincorporación estratégica (largo plazo)

3.2.1 Nivel nacional

Frente a la dimensión económica productiva catalogada como estratégica en la política pública del Acuerdo Final en materia de reincorporación encontramos que, el sentir de los ex guerrilleros hombres y mujeres frente a productividad ha sido de un 95,7% de la población interesada en realizar proyectos productivos colectivos, individuales o familiares, y un 4,6% en emplearse, siendo el sector agropecuario y de comercio los de mayor interés[44].

En este sentido, la ARN reporta a 30 de octubre de 2019, 597 proyectos productivos aprobados, sin precisar cuántos de estos proyecto  le han sido desembolsados los ocho millones que tiene derecho cada reincorporado, sin embargo, sí manifiesta que un total de 2.949 excombatientes se han beneficiado de tal  desembolso, es decir, tan solo el 21% de la población en proceso de reincorporación ha sido beneficiada con la reincorporación estratégica desde la ARN con una inversión de 30.673.000.000 millones de pesos[45].

El 24 de octubre de 208, en respuesta de ARN a Derecho de Petición de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, manifestó que “a nivel nacional, 24 de los 52 proyectos productivos han sido radicados a la Mesa Técnica del CNR. De los cuales 17 han sido aprobados y 7 se encuentran en proceso de evaluación” (ARN 2018:9); y, este mismo escrito señala que a esta fecha 6.191 reincorporados ya habían manifestado optar por la reincorporación individual, es decir, el 47% de la población a tan sólo 2 años firmado el Acuerdo Final.

Las anteriores cifras coinciden en buena medida con el informe trimestral del 2 de julio de 2019 del secretario general de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad a propósito de la Misión de Verificación Colombia, y de igual manera, con la información que presentan el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) del 2 de julio de 2019 a  la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI) frente a los avances en el primer año de gobierno del presidente Iván Duque, en el proceso vinculación de excombatientes a la vida civil avances en reincorporación en primer año de gobierno reseñado en la página web de ARN.

En el primero se señala que “el Consejo Nacional de Reincorporación aprobó dos nuevos proyectos colectivos. De los 24 proyectos aprobados hasta el momento, con un total de 1.566 beneficiarios, se han desembolsado fondos para 17, de los que se beneficiaron 1.216 (9%) excombatientes” (ONU,2019:7). El segundo por su parte afirma que “en los primeros 12 meses de gobierno, el CNR pasó de 2 a 29 proyectos productivos colectivos aprobados, por un valor de $21.335 millones y que vinculan a 1.934 (14%) exintegrantes de las Farc. Además, del total de proyectos, ha desembolsado recursos para 17 iniciativas por un valor de $9.300 millones” (ARN,2019).

Es decir que, de octubre de 2018 a julio de 2019, si bien de los 52 proyectos radicados, se pasó de 24 a 29 aprobados por parte del CNR, se mantuvo estancamiento en el desembolso para los mismos, pues se sigue en la cifra de 17 proyectos beneficiados con desembolso para los mismos.

Además, la cifra en términos porcentuales sigue siendo alarmantemente baja de un año a otro, al pasar del 12% al 14% de beneficiarios por aprobación y estancada en el 9% de goce efectivo de desembolso para la realización de los proyectos colectivos.

De igual manera, es importante decir que los proyecto aprobados por ARN son de carácter colectivo e individual para quienes no desean ejecutarlos a través de ECOMUN, y los tramitados a través del CNR son justamente para los reincorporados que lo hacen de manera colectiva a través de esta figura de economía solidaria. Sin embargo, ARN no especifica en sus reportes, los índices de desembolso efectivos de los proyectos aprobados a través de su entidad.

Así mismo, podemos ver que, los números de los proyectos a través de ARN son más altos que los soportados por CNR, algo que coincide tanto con la creciente dispersión de la población reincorporada y su interés en realizar vida productiva sin ECOMUN[46].

Tras apoyo y constitución de ARN en la creación de la Cooperativa de economía solidaria ECOMÚN, en la cual se pretende articular las diferentes alternativas productivas de los reincorporados, han recibido curso básico en economía solidaria 7.801 (60%), de 92 cooperativas conformadas dentro de ECOMÚN se encuentran 53 de ellas legalmente constituidas [47].

Ante este panorama, ARN, CNR y SENA han iniciado una línea de apoyo en formación para el trabajo, gestión de proyectos comunitarios, emprendimiento y economía solidaria, así como manejo integral de residuos y TIC`S. Del total de reincorporados, existen 4.311(33%) personas vinculadas al SENA y 694 (5%), certificadas por competencias a 2018[48].

 Por otra parte, se promovió el convenio con INNPULSA (Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial del Gobierno Nacional), creada en febrero de 2012, para el proceso de reincorporación será la encargada de la formulación, evaluación, revisión y seguimiento a 500 proyectos productivos individuales y 40 colectivos (ARN, 2019).

Entre tanto, en la empleabilidad, ha sido vinculadas laboralmente a la Unidad Nacional de Protección en calidad de escoltas a 931 exguerrilleros, han sido contratados por la ARN para actividades de apoyo en el proceso de reincorporación en los distintos territorios, y 102 trabajan en la organización civil de desminado humanitario[49].Lo que traduce en un 8 % de reincorporados trabajando formalmente en entidades concernientes a la reincorporación.

En materia de vivienda no se encuentra ningún tipo de acción para la población reincorporada más allá de las estructuras provistas en los ETCR del país. Es decir, para el 75% de los reincorporados que habitan fuera de estos espacios de capacitación y reincorporación, no se cuenta con política pública para el acceso a vivienda nueva o usada, así como para el mejoramiento de vivienda tal y como lo establece el Decreto 899 de 2017.

Frente a las estructuras de habitabilidad de los ETCR, las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), indicó, en marzo de 2018, que “los desmovilizados se enfrentaban a una serie de fallas para realizar su reincorporación a la vida civil con (…) demoras en la construcción de infraestructura y deficiencias en la prestación de servicios básicos como agua potable y saneamiento básico”[50].

3.2.2 Nivel Valle del Cauca

Dando paso a la dimensión económica y productiva correspondiente a la reincorporación estratégica o de largo plazo, encontramos que, el 82% de la población en el departamento desean tener un proyecto productivo de carácter individual, de este 82%, el 20.6% presenta interés que sea de carácter familiar, porcentajes superiores al interés por la reincorporación individual del resto del país. Tan sólo un 23,3 % de los 416 reincorporados desea tener un proyecto productivo colectivo y un 3,8% manifiesta interés en emplearse[51].

Por su parte, el 48% de la población objeto tiene una fuente de ingreso, siendo el 44% de esta actividad en el ámbito de la informalidad o el rebusque, y un 38% ha salido en el último mes a buscar trabajo, aun cuando el 94,7 % manifiesta tener algún tipo de experiencia laboral,[52] , y, el 50% depende exclusivamente de la Renta Básica Mensual.

Sin embargo, la realidad dista del interés de la población en proceso de reincorporación. Tan sólo un 4.6% de esta población en el departamento ha recibido el desembolso de su proyecto productivo, todos de carácter individual, siendo en total 20 proyectos productivos para 20 personas. A su vez, 31 proyectos en etapa de formulación con apoyo de INNPULSA. Cifras muy inferiores a las ya precarias que se presentan a nivel nacional a tres años de implementación del Acuerdo Final.

Para Jhon Moreno, responsable de la reincorporación FARC en el suroccidente del país, lo anterior responde en realidad a una estrategia del Estado en cabeza del gobierno por profundizar una reincorporación individual en desmedro del fundamento colectivo que traían desde el accionar como combatientes en las otrora FARC EP. De ello también dice Moreno, es que el 90% de los procesos productivos colectivos vienen siendo de carácter autogestionado y no responden a una política de Estado a través de ARN y CNR, concluyendo que es gracias a la presión internacional que el gobierno central no ha dado al traste de manera decidida con el proceso de paz[53].

Entre tanto, resulta preocupante la ausencia del sector privado en este proceso departamental, como ejemplo del impacto en este sentido tenemos información a través de entrevista a comunidad reincorporada, de la existencia de 7 reincorporados formados como técnicos ambientales en la ciudad de Cali a los cuales no se les ha podido certificar sus estudios debido a barreras de acceso para práctica laboral en el sector privado[54].

En todo caso, así como existen procesos autogestionados a nivel nacional, en este departamento se cuenta con el desarrollo de un proyecto productivo en producción de café y ganado en la zona rural de Tuluá donde residen 30 exguerrilleros junto a comunidad campesina, allí han confluido actores gubernamentales del nivel departamental como la secretaría de paz territorial y reconciliación del departamento, la alcaldía municipal y apoyo de la ONU, PNUD, y ONGs como PASO Colombia entre otros[55], con presencia de la ARN.

Este proyecto de carácter colectivo en clave del programa de paz territorial de la secretaría de paz de la gobernación incluye a la comunidad campesina del sector y está siendo replicado a escalas pequeñas en otros municipios como Dagua con la participación de 16 reincorporados y en Sevilla con participación de 4 reincorporados[56].

Esto manifiesta la importancia del trabajo articulado entre distintos sectores de la nación para la ejecución de política pública en materia de reincorporación y donde a través de la Mesa Departamental de Reincorporación el CNR y ARN deben jugar su papel en el territorio. De igual manera, sigue siendo otra tarea pendiente la vinculación del sector privado en el apoyo a este tipo de iniciativas productivas.

No menos puede advertirse del papel a jugar por parte de la Gobernación departamental y alcaldías toda vez que tienen en sus manos la implementación de la reincorporación en sus planes locales y departamental de desarrollo en clave territorial en articulación y presupuestación decidida con los actores ya señalados.

Experiencias como esta han de replicarse en el resto de municipios mencionados guardando las particularidades de los mismos a pesar de hacer parte del mismo ente descentralizado. Por ejemplo, una limitante para realizar un nuevo escenario como el de Tuluá, esta vez en el municipio de Cerrito, fue la resistencia de la comunidad campesina predominantemente cafetera de compartir espacios y trabajo colectivo con personas en proceso de reincorporación.

Por ahora, desde la Mesa Departamental, el municipio de Santiago de Cali a través de la Secretaría de Paz y Convivencia ciudadana con apoyo de la ONU, a través del proyecto gestores de paz, ha vinculado laboralmente a 20 reincorporados residentes en el municipio, siendo otro piloto importante que valdría la pena ampliar por su impacto en términos económicos sobre la población objeto.

Esta iniciativa llama la atención también por su labor social y cultural, en tanto derriba barreras sociales como las presentadas con la comunidad de Cerrito y en general en el país, para la reconstrucción del tejido social, la convivencia y la reconciliación.

De igual manera, la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación viene abriendo las puertas a reincorporados para laborar y participar de manera directa en la consecución de la política pública de paz territorial y paz urbana, dando cabida inicialmente a dos exguerrilleros líderes de la extinta insurgencia.

* Principales hallazgos referente a los avances de la reincorporación

Podemos afirmar que es altamente positivo los porcentajes sobre reincorporación temprana en cuanto a afiliación en salud y pensión, aún con las deficiencias del sistema de salud colombiano; sin embargo, preocupa la falta de implementación del sistema especial de atención a población en condición de discapacidad.

Es positivo como lo señala el último informe trimestral de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas Colombia que, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización encuestó a 10.708 ex miembros acreditados de las FARC-EP, y todos ellos confirmaron su participación en el proceso de reincorporación, señal alentadora casi dos años después de concluido el proceso de dejación de armas, además que de esta población el 75% siga motivada en positivo con el Acuerdo Final[57].

De igual manera, es importante los porcentajes positivos en educación, que a su vez dan señales de voluntad de la población reincorporada en formarse, sin embargo, no existe un seguimiento a los índices de deserción y las dificultades de la comunidad reincorporada para su continuidad en educación están manifiestas para dar solución[58].

Muy importante también los porcentajes altos en formación básica en economía solidaria y porcentajes medio de vinculación para competencias en el SENA, sin embargo, es necesario profundizar y darle continuidad conjuntamente a la implementación de los proyectos productivos.

Así mismo, los primeros pasos dados a nivel departamental por las entidades del orden descentralizado en coordinación con el tercer sector y comunidad reincorporada y campesina a través de la Mesa Departamental de Reincorporación en clave paz territorial con proyectos productivos pilotos pequeños en algunos municipios del departamento.

Dilemas

La reincorporación se encuentra en un escenario totalmente diferente a lo planificado a partir de la concepción de las ZVTN y los posteriores ETCRs, en tanto el alto nivel de urbanización de la población en proceso de reincorporación. Por su parte, dado que el Valle no contó con ETCR alguno, no resulta estar dentro de las coordenadas de priorización de las acciones más gruesas en la materia, así lo demuestra los distintos informes de carácter nacional que se basan preponderantemente en la situación de la población residente en los antiguos espacios territoriales ETCR.

Podemos decir ante el panorama del proceso de reincorporación que, en su dimensión económica, la continuidad de esta Renta Básica Mensual es un reto a tener en cuenta por el Estado colombiano, toda vez que la población reincorporada manifiesta la imposibilidad de vivir en condiciones dignas y a su vez estudiar con tan sólo el 90% de un salario mínimo, especialmente quienes ya no están en los ETCRs y más aún, si la gran mayoría aún no cuentan con proyectos productivos estables[59].

Ante las nuevas realidades de hábitat donde, 9.138 personas (70%), ya no residen en los ETCRs, tan sólo a partir del segundo semestre de 2019 se extienden los modelos educativos de formación académica para este universo de exguerrilleros hombres y mujeres, del programa Arando la Paz, llama la atención que, del total de vinculados al proyecto, 1.211 desertaron del mismo, esto representa una tasa de deserción del 20%[60].

Resulta preocupante que no se cuenta con mediciones atención sicosocial para el universo de la población reincorporada, máxime cuando los porcentajes en el Valle del Cauca nos dice que existe un importante temor por parte de esta población en darse a conocer socialmente como exguerrilleros o personas sujetos del proceso de paz, temor fundado en posible rechazo social y estigmatización de algún tipo, puntos claves para la reconstrucción del tejido social, la convivencia y la reconciliación tal como lo mandata el documento CONPES como Política para la Reincorporación.

La situación expuesta respecto a la reincorporación estratégica en términos productivos se ha traducido en creciente desconfianza hacia las promesas del Acuerdo Final y en tener que acudir a producir alternativas económicas de manera independiente con ayuda de la comunidad internacional y tercer sector o en la informalidad. Además de crear situaciones de vulnerabilidad y dependencia que pueden llegar a propiciar reincidencia.

Esta preocupación es a su vez manifestada por instituciones de seguimiento a la implementación de los acuerdos como el Instituto Kroc en su tercer informe publicado en 2019[61]. Es importante resaltar que la mayoría de los proyectos identificados en los ETCR, han sido auto gestionados por los reincorporados desde sus territorios con apoyo de redes solidarias de la comunidad internacional y tercer sector, tal como lo reconoce la misma ARN en su informe a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes[62].

Resulta entonces vital que la articulación institucional, sociedad y tercer sector se afinen ante esta nueva realidad en el departamento, más aún, teniendo en cuenta las complejidades en materia de violencia en la región [63]. Lo anterior es de suma importancia dado el contexto de vulnerabilidad de una población reincorporada que en principio no se tenía previsto que llegara en tales dimensiones al Valle del Cauca, siendo entonces necesaria una respuesta alternativa a las realidades cambiantes.

 Extravíos

El sistema especial de atención a personas en situación de discapacidad está pendiente por implementar, falencia importante toda vez que 1.101 personas, el 10% de la población objeto presenta algún tipo de discapacidad producto de la guerra[64].

Resulta llamativo la inexistencia de cifras en materia de atención psicosocial, iniciativas artísticas, culturales y deportivas, de convivencia y reconciliación, máxime cuando el 55% de la población manifiesta requerir algún tipo de acompañamiento psicosocial[65]. Situación preocupante que se suma a la precariedad de los porcentajes ya expuestos a nivel nacional y departamental, más en un departamento que se precia de su apoyo a la diversidad cultural y el talante deportivo desde sus administraciones.

Estas dimensiones deberían tener tanta prioridad como las dimensiones económicas y de salud en reincorporación temprana, toda vez que la ausencia de acciones en este sentido puede reproducir tendencias de segregación, estigmatización e invisibilización de las realidades y sentires de la comunidad en proceso de reincorporación.

Por su parte, la ausencia de planes de vivienda colectiva e individual es alarmante teniendo presente que el 75% de la población reincorporada ya no habita en los antiguos ETCR. A partir de entrevistas realizadas a reincorporados se manifiesta que es imposible el acceso a vivienda social en los términos actuales de Ley por las dificultades ya señaladas. Al respecto, Jhon Moreno en la entrevista anteriormente reseñada nos comenta que “en ninguna parte del país está trabajando el gobierno proyectos de vivienda (para la población en reincorporada)”[66]. Si bien en el Acuerdo Final se establece que la población reincorporada puede invertir los ocho millones de pesos para vivienda propia, usada o mejoramiento de vivienda, frente a esta dimensión tal y como sucede a nivel nacional no existe reporte alguno por parte de ARN sobre inversión en soluciones habitacionales.

De igual manera, es altamente preocupante la lenta implementación de proyectos productivos en el país para las y los reincorporados, el lento avance entre el año 2018 y lo corrido del 2019 así lo evidencia. Así mismo, la ausencia de política pública asertiva en la consecución de tierras de forma rápida y efectiva para la realización de los proyectos productivos rurales y urbanos. La nula asignación de tierras para la ejecución de los proyectos, es preocupación también manifiesta en entidades e instituciones como la ONU en su informe de julio de 2019, donde hace un llamado a la exigencia de mayores esfuerzos y recursos para ello y el Instituto Kroc en su tercer informe 2019 [67].

Se requiere una armonización entre las entidades relacionadas de manera decidida para que, tanto en formación como en ejecución, presupuesto, tierras, y acompañamiento, se puede dar un salto significativo tanto para la población en ETCR, así como para quienes ya no habitan allí.

 Finalmente, también resulta preocupante la ausencia de vinculación del sector privado en materia de reincorporación en todas las dimensiones expuestas. Para el Instituto Kroc, lo anterior es una demostración de una ausencia de divulgación y socialización de la implementación del Acuerdo Final que conlleva a una ausencia de apropiación local y, por tanto, de participación efectiva del sector privado, la sociedad y el Estado[68].

Conclusiones

El Valle del Cauca presenta un fenómeno no previsto en la planificación inicial de la implementación del Acuerdo Final, y es la dispersión de la población reincorporada de los ETCR hacia zonas mayoritariamente urbanas. Así, el departamento cuenta con un número importante de reincorporados predominantemente urbano y en su mayoría habitando en la ciudad capital del departamento, Santiago de Cali.

Ante esta realidad cambiante, la Mesa Departamental de Reincorporación resulta ser un esfuerzo alternativo de primer orden en materia de gestión, diseño, planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas para la población reincorporada en el Departamento, en la articulación de los distintos sectores de la nación y comunidad internacional, así como en abrir nuevas acciones de paz hacia el posconflicto de manera descentralizada.

Por parte de la ARN existen avances significativos en reincorporación temprana como afiliación en salud, cedulación, bancarización, afiliación a pensiones. De igual manera, en cumplimiento de la Renta Básica Mensual y la asignación presupuestal por una única vez. Sin embargo, es preocupante la ausencia de procesos de acompañamiento integral psicosocial, proyectos deportivos y artísticos, así como la no implementación del plan especial de atención a personas en condición de discapacidad.

Si bien la reincorporación presenta un plazo de 10 años, las condiciones de vulnerabilidad de la población reincorporada exigen una profundización en los esfuerzos tanto del a Mesa Departamental de Reincorporación como de la misma ARN.

Las cifras y percepciones en habitabilidad y tenencia de vivienda, ejecución de proyectos productivos colectivos e individuales, formación para el trabajo y procesos de reconstrucción del tejido social son preocupantes.  Es urgente la gestión en política pública para planes de vivienda flexibles a mediano y largo plazo.

La dependencia a la Renta Básica y la informalidad son la constante de la población objeto. La proximidad de la fecha límite para la terminación de esta ayuda económica y su condicionante a estudio para personas que por conformar núcleos familiares debe apelar al trabajo informal pueden dificultar su situación y ser condición de reincidencia si dimensionamos el resto de variables con avances precarios.

La formación académica resulta presentar términos medios en tanto que se vienen adelantando esfuerzos, sin embargo, el acceso a educación media y técnica requiere de una planeación estratégica en educación pública flexible para superar el alto porcentaje de estudios no culminados y no escolaridad, con presencia fuerte de las alcaldías municipales y el SENA.

Resulta entonces de primer orden profundizar el trabajo articulado y agilizar los tiempos de respuesta de los distintos actores de la Mesa Departamental de Reincorporación para formación para el trabajo y proyectos productivos, teniendo en cuenta las dificultades del orden nacional y las particularidades del orden departamental y local en esta dimensión económica.

La creciente violencia, y situación de dependencia de esta población, hacen de ello una urgencia a fin de evitar reincidencias hacia grupos armados ilegales o mayores niveles de informalidad.

Así mismo, es preponderante la articulación de políticas públicas para el acompañamiento integral psicosocial con enfoque diferencial llegando a los hogares de la población y no limitados a que estos puedan llegar o no a las oficinas de la ARN, también es fundamental generar procesos deportivos, artísticos.

Por su parte, la multiplicación de actos simbólicos de perdón y reconciliación que permitan superar las brechas de segregación social de la población y la reconstrucción del tejido social, la convivencia y la reconciliación. Esto contribuye a una no negación del sujeto reincorporado, tampoco de su pasado el cual es parte de su experiencia vivida que, a su vez, puede ser parte importante en el aprendizaje social hacia el posconflicto.

Respecto el proceso educativo es de primer orden hacer seguimiento a los nuevos modelos MERF y maestro itinerante, conocer de primera sus impactos y dificultades, así mismo profundizar la formación para el trabajo dados los bajos índices de participación, lo anterior, bajo presupuestos de educación y formación flexible con base en la particularidad de la población objeto, su vocación ya manifiesta en los diagnósticos realizados aquí expuestos y bajo garantías suficientes a su vez teniendo presente las dificultades para evitar la deserción.

Respuesta a ello es que las primeras necesidades que buscan suplir los reincorporados están en el orden económico, por tanto, sigue siendo la formación para el trabajo y la alternatividad productiva el punto central a dilucidar, sin que se abandonen la profundización de espacios de formación académica, deportiva, artística y de reconciliación.

En materia de vivienda, se replica la constante a nivel nacional, existe una ausencia de planificación estratégica de vivienda masiva para la población reincorporada.  Así, la solución de vivienda se reduce a la oferta del mercado bajo las formalidades de acceso para población vulnerable que teniendo en cuenta las condiciones económicas y sociales vulnerables de los reincorporados, les resulta casi imposible acceder en estas condiciones a planes de vivienda social y prioritaria.

Por su parte, el sector financiero resulta ser otro actor ausente, pues en las condiciones actuales de políticas de mercado de vivienda, es importante articular sector privado, Estado y tercer sector, la planeación y ejecución de políticas públicas de vivienda flexible y diferencial para este tipo de población.

Es importante señalar que, dado el complejo contexto en materia de violencia en el departamento y región suroccidente, una tarea pendiente en este sentido es la implementación de la Comisión de Seguridad para el desmantelamiento de las estructuras herederas del paramilitarismo, carencias en materia de presupuesto para la seguridad y protección, marcos reguladores y planes estratégicos completos en la materia[69].

Finalmente, las realizaciones de políticas públicas a nivel nacional deben ampliar su mirada a estas nuevas realidades urbanas en materia de reincorporación fortaleciendo la articulación en los distintos niveles estatales centra y descentralizado, sociedad civil y sector privado junto a la comunidad internacional si en realidad el objetivo es cumplir con lo consagrado en el CONPES 3918 en tanto estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en dimensiones de reducción de pobreza multidimensional, coeficiente de gini, tasa de homicidios, déficit cuantitativo de vivienda y aumento de la formalidad laboral. Dimensiones en saldo en rojo en lo que refiere a la reincorporación.

En todo caso, en el nivel departamental es importante resaltar los esfuerzos en medio de la precariedad como son los avances en la Mesa Departamental de Reincorporación, sin embargo, se hace urgente la profundización y apoyo en todos los aspectos de manera articulada de los actores presentes y por venir.

No es momento de no valorar como ya se expuso, que más del 70% de la población en proceso de reincorporación manifiestan estar dispuestos a seguir el compromiso de paz y dejación de armas a pesar de las dificultades. Son señales que no podemos pasar inadvertidas en el tránsito hacia el postconflicto, la reconstrucción del tejido social, la convivencia y la reconciliación.

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