Ley 550, una acción administrativa que luego de un año le ha permitido al HUV su funcionamiento
Santiago de Cali, octubre 26 de 2017. A un año de que el Hospital Universitario del Valle empezara a caminar la ruta para su salvamento al amparo de la Ley 550, han sido muchas las acciones y las medidas necesarias para que la institución recuperara sus signos vitales.
Desde el anuncio de la gobernadora Dilian Francisca Toro, como cabeza de junta directiva, de optar por el ingreso a Ley 550, fueron necesarias una serie de medidas encaminadas a evitar la liquidación del hospital, medidas que van desde la austeridad en el gasto, la implementación de un sistema de facturación y la transformación estructural de la institución.
Un Plan de Desempeño para garantizar recursos para el pago de los trabajadores, así como la redistribución de recursos de la estampilla Pro hospitales universitarios para la contratación de especialistas, la culminación de alianzas con terceros y la suspensión de encargos injustificados hasta por más de 20 años, han hecho parte de las acciones de salvamento.
En esta ruta se encontraron irregularidades que fueron denunciadas ante la Fiscalía por la propia Gobernadora como el hallazgo de facturas sin cobrar por más de $10.000 millones y fraude en el proceso de elección del director en propiedad.
De esta manera, con un panorama que empezó a alejar el fantasma de la liquidación de la principal casa de salud del suroccidente colombiano, el 26 de octubre el Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’ ingresó a Ley 550 con la autorización de la Superintendencia de Salud para emprender el pago de más de $286.000 millones a sus acreedores.
Esta acción administrativa al acudir a Ley de Quiebras ha permitido que hoy el Hospital Universitario del Valle funcione y retome el camino de la alta complejidad con servicios de nivel 3 y 4 para sus usuarios.
La tarea no ha sido sencilla, el proceso de salvamento ha tenido momentos difíciles como la implementación de la reestructuración administrativa con la eliminación de 400 cargos que estaban vacantes y la notificación a 547 trabajadores de su salida, sin embargo, fue la ratificación de la permanencia de 1.352 empleos.
Para este proceso se dispuso de $40.000 millones que garantizaran el pago oportuno a quienes cobijó el ajuste de la planta.
Esta medida llegó a los estrados judiciales, que en primera instancia favorecieron a 177 trabajadores afiliados a Sintrahospiclínicas para su reintegró, pero que posteriormente fue revocada por la Corte Constitucional. Así mismo a elevar consultas por la situación de 62 empleados públicos.
Dentro del proceso de reestructuración se implementó un plan de retiro voluntario al que 36 trabajadores oficiales se acogieron.
Pero cada paso en este proceso de salvamento le ha permitido al Hospital acercarse un punto de equilibrio con la mejoría de sus indicadores para que la institución se encuentra al día con sus trabajadores, la reactivación de servicios y la proyección como una institución de alta complejidad con el personal idóneo, los insumos y equipos necesarios para prestar un servicio con calidad y oportunidad para los usuarios.