Oficina Jurídica logró frenar onerosas sentencias contra el departamento

Santiago de Cali, octubre 12 de 2017. Después de 20 años de frecuentes condenas judiciales al fisco departamental sin que hubiera una defensa idónea, la Oficina Jurídica de la Gobernación del Valle, que se ha fortalecido en esta administración, logró evitar que el departamento fuera condenado al oneroso pago de cinco sentencias judiciales que afectarían las finanzas públicas.

Así lo dio a conocer Diana Vanegas, directora Jurídica del Departamento, quien explicó que se trata de demandas laborales en las que los tribunales revisaron condenas de primera instancia por sanciones moratorias exageradas, sin tener en cuenta que el departamento está en ley 550 y que por ello deben tener un límite mayor.

Explicó que “a raíz de la implementación de líneas de defensa hemos logrado que los jueces escuchen los argumentos del departamento en torno a la liquidación de algunas sentencias asociadas a los temas de sanción moratoria”.

Son sentencias de índole laboral relacionadas con  acreencias con trabajadores por demoras en pagos de cesantías, primas o liquidación de pensiones.

El departamento casi siempre era condenado a  pagar en los procesos judiciales porque no tenía una buena defensa ante los juzgados y tribunales y, adicionalmente, había una especie de confabulación entre algunos abogados y funcionarios para hacer que esos procesos terminaran fallándose en contra del fisco, explicó Vanegas.

Esa situación, sin embargo, empezó a cambiar, porque la defensa jurídica del departamento se fortaleció y los abogados están al frente de los procesos, contestando demandas, asistiendo a las audiencias y asumiendo los procesos como debe ser.

Durante el último año, la Oficina Jurídica del departamento hizo una depuración de los procesos judiciales que cursan en su contra y se estableció que hay 4.300 procesos activos en todo el departamento, además de los casos de apelación que avanzan en altas cortes como el Consejo de Estado, Corte Suprema y Corte Constitucional.

“Eso significa pretensiones económicas por cerca de $400.000 millones, frente a los cuales ya estamos encontrando líneas de defensa que podemos mejorar para prevenir el daño antijurídico”, concluyó Vanegas.

Por su parte, la gobernadora encargada María Cristina Lesmes, indicó que “los jueces han fallado a nuestro favor cinco sentencias demostrándonos que el trabajo bien hecho tiene sus frutos” y agregó que aunque “las sentencias son un ahorro económico importante, lo más significativo es que hay una clara defensa de los intereses del departamento y hemos cortado con una cadena de demandas contra el Estado que no tenían piso legal”.