Así como el HUV acató fallo que favoreció a trabajadores oficiales, ahora debe cumplir sentencia en contra de ellos

Santiago de Cali, octubre 10 de 2017. El Hospital Universitario del Valle cumplirá la decisión de la Corte Constitucional a través de la cual quedó sin piso una tutela que amparó inicialmente a los trabajadores oficiales y ahora obliga a su salida.

Así lo señaló la Gobernadora encargada del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, quien además descalificó las vías de hecho adelantadas por los trabajadores.  

“Es llamativo que cuando al Ley está a favor si la catamos y si está en contra no debe ser acatada. Nosotros les recordamos a los trabajadores del hospital que esta es una casa de salud que presta servicios de alta complejidad y que es requerida para los ciudadanos no solo del Valle del Cauca sino del suroccidente del país”, dijo la funcionaria.

Frente a los reclamos de Sintrahospiclínicas por la aplicación de la sentencia, la Gobernadora encargada indicó que “es bueno que la comunidad se entere que en el proceso de restructuración del HUV, un hospital en quiebra que fue necesario incluirlo en Ley 550, se consideró que no es de vital importancia las personas que no hacen tareas del orden asistencial y que en consecuencia no hacen producción de servicios de salud, que es la razón de ser del hospital”.

“En ese entonces se retiraron 177 personas y por una tutela se obligó al hospital universitario a reincorporar a esos funcionarios y la Gobernación del Valle y el Hospital Universitario en cumplimiento de las normas las reincorporó y en ese instante a los miembros del sindicato les pareció bien el cumplimiento de la norma”, agregó.

Elevada carga 

Como se recordará los elevados beneficios convencionales que reciben los trabajadores oficiales aumentan el riesgo financiero del HUV y disparan los costos laborales en un 80 por ciento lo que hizo necesario el ajuste de la planta.

Por ejemplo, un técnico en mantenimiento en el HUV tiene un salario básico de $2.038.812, que con las prestaciones legales y con lo extralegal permitido en la Ley se le convierte en $3.483.721.

No obstante, cuando se contabilizan los beneficios convencionales extralegales pactados con el sindicato, ese costo mensual por trabajador sube a $5.990.154 cuando se tiene una antigüedad de 10 años, y a $6.442.885 con 20 años de servicios.

En segundo lugar, los trabajadores reciben bonificaciones anuales de dos días por cada año laborado. Y, en tercer lugar, hay un reconocimiento de distintivos también por servicios prestados que se pagan de la siguiente manera: 5 días de salario por 5 años, 15 días por 10 años, 20 días por 15 años, 30 días por 20 años y 35 días por 30 años.

Lo más grave para las finanzas del hospital es que la mayoría de las primas, subsidios y pagos extralegales y convencionales cuentan como factor salarial, es decir, elevan el promedio para liquidar cesantías y aumentan significativamente el valor de su retroactividad.

La Gobernadora encargada recordó que “la Corte Constitucional dejó sin piso el reintegro por tutela a esos funcionarios y al caerse esa tutela ellos debe salir, desde luego con el pago de todo lo que la Ley obliga y adicionalmente con la posibilidad de encontrar trabajo en otras condiciones, no con la vinculación laboral que tienen y que desde luego producía beneficios superiores a los razonables en unos empleos de esos cargos y que en consecuencia hace tan doloroso el retiro a estos funcionarios”.

Para el Hospital Universitario del Valle el sostenimiento del personal que debió salir con la reestructuración de la institución demanda recursos por 6.000 millones de pesos anuales.