Arrancó en el Valle del Cauca primera Secretaría de Paz del país

Los acuerdos de paz en Colombia encontrarán a partir de este año en el Valle del Cauca, el primer departamento en tener una Secretaría de Paz para desarrollar las políticas de implementación, en donde el centro serán las víctimas del conflicto.

Así lo destacó el titular de la dependencia, Fabio Ariel Cardozo Montealegre, al referirse a los alcances y objetivos de la nueva entidad que entra a funcionar este año. Cabe recordar que hasta mediados del 2016 era Alta Consejería para la Paz y los Derechos Humanos.

“La Secretaría jerarquiza la política nuestra de paz y reconciliación en el departamento, nos define claramente responsabilidades alrededor de las víctimas, alrededor de la promoción de la cultura de paz  y del compromiso de este gobierno en relación con los acuerdos suscritos en el Teatro Colón en donde se define la suerte de la paz en Colombia”, dijo el funcionario.

Sobre las responsabilidades, precisó que hay dos principales: “La primera en el marco de la ley 1448 que define la atención a las víctimas de esta región que ascienden a una cifra superior a las 520 mil y, de otra parte, ponernos a tono con los esfuerzos que está haciendo el Gobierno Central y la sociedad colombiana, por afianzar una paz estable y duradera para nuestra región y para nuestro departamento”.

El primer gran paso de la implementación se dará en 23 municipios priorizados en el Valle. “Se trata de los municipios en donde el conflicto se ha manifestado de manera más difícil y acentuada. Sobre ellos hay toda una estrategia de inversión, de acompañamiento, de procesos productivos, cierre de brechas sociales y cultura de paz y convivencia, pero desde luego vamos a cubrir el conjunto del departamento como es el deber del gobierno departamental, pero haremos énfasis en los territorios más afectados por la guerra”.   

Los proyectos a implementar hacen parte del componente de Paz Territorial, del plan de desarrollo del departamento y parte de ellos se ejecutarán mediante convenio por $6.000 millones entre la Gobernación y las Naciones Unidas.