Secretaría de Paz Territorial en acción humanitaria en el Bajo San Juan

Las comunidades del bajo San Juan, en límites del Valle y Chocó, reconocieron la gestión humanitaria y la construcción  conjunta de apoyo, realizada por ambos Gobiernos departamentales y de la defensoría del pueblo, pero solicitaron a estas instancias seguir mediando para demandar del Gobierno nacional una intervención urgente, para solucionar la crisis humanitaria a la que siguen siendo sometidos por los enfrentamientos entre el ELN y la banda criminal ‘El clan del golfo’.

Así lo reveló el Secretario de paz del Valle, Fabio Cardozo, quien trabajo en el municipio de Docordó, con la gobernación del Chocó y el Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Negret, en una audiencia de evaluación con las comunidades, sobre las acciones para enfrentar la crisis humanitaria.

“Identificamos en terreno las demandas de la comunidades y seguimos a la espera de que haya respuestas puntuales del Gobierno nacional, hace unos meses en Bogotá la señora Gobernadora del Valle, demandó específicamente respuesta de los ministerios, algunos la han ofrecido, pero se precisa mayor compromiso y mayor precisión”, dijo Cardozo Montalegre.

“Hago un llamado al Gobierno Nacional para que deje la indolencia con el Chocó. Sus niños, su juventud, su riqueza cultural y étnica deben ser una prioridad, también son ciudadanos colombianos”, advirtió el Defensor Negret Mosquera.

En este sentido, el Secretario de Paz del Valle, Fabio Cardozo, coincidió en que “aspiramos a que con este llamado del Defensor del Pueblo, haya efectivamente una intervención en esas comunidades que siguen sitiadas por la presencia de grupos armados, no obstante la presencia y acción de la Armada Nacional que ha jugado un papel importante, pero aún esa región de Colombia, la paz no ha llegado”.

El funcionario dijo que, además del confinamiento y del desplazamiento hacia Buenaventura que origina las acciones armadas ilegales, “genera dolor en el alma ver en el suelo, a la orilla del río, los trozos de árboles talados listos para ser comercializados”.

Frente al impacto de la violencia armada, según la defensoría del pueblo, los pobladores, comunidades afrocolombianas e indígenas, expresaron que la acción de grupos violentos los tiene confinados, restringiendo sus derechos fundamentales como la salud, la educación y la alimentación, entre otros.

Diego Medina

Periodista Gobernación del Valle